A propósito de la división de Estudios Sociales y Educación Cívica
Por Víctor Artavia
Militante del PST y docente de Estudios Sociales-MEP
Durante el último año, el conjunto de las trabajadoras y trabajadores del sector público nos hemos encontrado en la mira de las políticas de austeridad del gobierno, tanto de Arias así como de Laura Chinchilla. Esto, debido a la necesidad de la burguesía costarricense por hacerle frente al creciente problema del déficit fiscal que ya supera el 5% del PIB –¡más de mil millones de colones!-.
Por ello, a lo largo del 2010 han sido frecuentes en los medios de la burguesía, notas relacionadas con los “privilegios” del sector estatal, como las convenciones colectivas de JAPDEVA y los gastos en altos salarios en determinados ministerios del gobierno central. Inclusive, tanto el gobierno saliente de los hermanos Arias así como el de Laura Chinchilla, han tratado de aplicar recortes contra las condiciones laborales en el Estado y otros rubros de inversión social –como educación-.
La salida de la burguesía ante el déficit fiscal
De acuerdo a un editorial de setiembre del periódico La Nación, el “déficit, desde luego, se disparó, acercándose a un porcentaje del 5% del PIB. El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, expresó su preocupación e hizo un llamado a contener el gasto. Sin embargo, en agosto la situación más bien empeoró (...) en los últimos ocho meses fue de ¢501.016 millones, un aumento de casi el 70% respecto al faltante reportado en igual período del 2009 (…) El incremento se da, entre otros rubros, en planillas, cargas sociales y trasferencias a otros sectores, incluyendo universidades. Es evidente que hace falta algo más que un cordial llamado a las instituciones para contener el gasto”. (1)
De entrada, es preciso destacar la “agilidad” política del editorialista de La Nación, quien de un plumazo obvia la relación directa que existe entre la actual crisis económica que aqueja a las principales potencias capitalistas y el aumento del déficit fiscal en el país. Por el contrario, su análisis sintetiza la perspectiva de un sector mayoritario de la burguesía costarricense –representado por el Grupo Nación- de vincular exclusivamente el problema fiscal con la cantidad de plazas del sector público y sus respectivas “cargas sociales”.
Es decir, para la burguesía representada en La Nación son más determinantes en el problema fiscal los gastos del gobierno en planillas, pluses salariales y convenciones colectivas, antes que la recesión económica mundial y la contracción en la recaudación aduanera por la caída en las importaciones en el país.
Pero el ataque de la burguesía contra las condiciones laborales del sector estatal y los “gastos sociales” no es algo exclusivo de La Nación. De hecho, en otros medios aunque se reconoce el problema aduanero –aunque curiosamente no se le liga con la crisis capitalista-, el objetivo sigue siendo el mismo: "Según estudios del Ministerio de Hacienda, las principales causas de la caída en la recaudación de impuestos en las aduanas obedecieron a la menor importación de vehículos, electrodomésticos y productos de hierro y acero (...) Por ejemplo, la recaudación en vehículos bajó un 50% en el primer semestre del 2009 respecto al mismo período del 2008 (...) Los gastos del Gobierno, por su parte, muestran una tendencia al alza, en lo cual influyen las mayores erogaciones hacia el Fondo de Educación Superior, así como el crecimiento en los sueldos y salarios debido, en parte, a ajustes a los empleados del Gobierno Central." (“Recaudación fiscal bajó un 14%”. Redacción Estrategia y Negocios. 21 de agosto de 2009. www.estrategiaynegocios.net. La negrita es nuestra.)
Así las cosas, en términos generales la burguesía costarricense ha venido impulsado una política de ajuste fiscal directo contra las trabajadoras y trabajadores del sector público. Esto es lo que se debe entender cuando se indica que hace falta “algo más que un cordial llamado a las instituciones” para reducir sus gastos en esos rubros.
Y si revisamos algunas de las discusiones políticas del país en el último año, se puede apreciar que desde el gobierno de Arias y luego el de Chinchilla, en parte se asumió esta orientación de la burguesía.
Al respecto, vale recordar el impulso en la recta final del gobierno de Arias de la denominada Ley de Empleo Público –LEP-, que apuntaba a la destrucción de importantes conquistas salariales del sector estatal. De no ser por la significativa marcha que realizamos las y los docentes de APSE el 29 de abril anterior, posiblemente el gobierno de Arias hubiese tratado de aprobar la LEP a “golpe de tambor”.
Otro ejemplo, fue la discusión alrededor de financiamiento para las universidades estatales –FEES-, que terminó con un acuerdo entre el gobierno y las rectorías de estas universidades, a través del cual se aplicó un fuerte recorte hacia el presupuesto destinado a estos centros de enseñanza superior.
La “solución fiscal” del gobierno de Chinchilla
En un artículo que realizamos en junio anterior –ver PS n° 101-, caracterizábamos al gobierno de Chinchilla y su postura ante el déficit en los siguientes términos: “A pesar de que en el plano histórico el gobierno de Chinchilla representa los intereses del conjunto de la burguesía costarricense, esto no debe interpretarse como que existe una línea recta entre lo que quieren los empresarios y las políticas que implementará el actual gobierno. Esto, porque el político burgués tiene que encargarse no de administrar una empresa cualquiera, sino que sus decisiones serán determinantes para el conjunto de la sociedad, o lo que es lo mismo, lo que haga o deje de hacer Chinchilla -o cualquier otro gobierno burgués de turno-, podría traducirse en una situación de crisis política (…) Por ello, las respuestas de Chinchilla ante el problema fiscal tienden a presentar rasgos temporalmente “independientes” frente a los clamores de los principales columnistas de La Nación.”(3)
En este sentido, el gobierno de Chinchilla ha elaborado una respuesta ante el déficit fiscal, que aunque incorpora elementos de un ajuste fiscal más ortodoxo como el que pregona el Grupo Nación, también contiene elementos propios para evitar una mayor polarización social. En síntesis, en su calidad de gobierno burgués de turno, la salida de Chinchilla ha consistido en tratar de aplicar recortes en sectores claves, pero sin llevar a fondo por el momento este ajuste fiscal.
Inclusive, una salida temporal impulsada por el actual gobierno al déficit fiscal, ha consistido en financiar el gasto público con créditos internacionales, cuyo único resultado es postergar un poco más el momento para aplicar un ajuste más en forma. Visto así, Chinchilla ha tenido una política de ganar tiempo para afianzarse políticamente como gobierno –tan sólo lleva ocho meses de gestión-, y luego llevar más a fondo su ataque contra la clase trabajadora. En este sentido, también nos referíamos en el artículo de junio antes citado: “El cuándo y el cómo será este ajuste, es algo que no podemos predecir con certeza. Pero no tenemos la menor duda en cuanto a que el gobierno de Chinchilla no podrá librarse de la actual crisis fiscal si no es por medio de un ataque directo contra las conquistas laborales y sociales del sector estatal (…) Y es que el endeudamiento internacional sólo servirá como un “paliativo fugaz”, mediante el cual el gobierno ganará tiempo pero no resolverá el problema de fondo del déficit fiscal: ¿cómo ahorrarse mil millones de colones en gastos?” (4)
Un caso concreto: la separación entre Estudios Sociales y Cívica
El análisis anterior viene al caso para ubicar el marco político sobre el cual se desarrolla el actual conflicto en cuanto a la separación entre Estudios Sociales y Cívica. Y es que los asuntos que en primera instancia se presentan como “gremiales” y puntuales, para nada están desvinculados de la totalidad de la situación política nacional o internacional.
Entonces, ¿qué relación existe entre la crisis económica mundial, el déficit fiscal del gobierno de Costa Rica y la separación de las materias de Estudios Sociales y Cívica? Pues que es un ejemplo muy parcial o limitado del ajuste fiscal del gobierno. Si con la LEP el gobierno del entonces presidente Arias, pretendió implementar un ajuste más global contra las conquistas laborales en el sector estatal, con este tipo de reformas lo que se pretende es realizar dicho ajuste de una manera más sútil….es decir, en vez de aplicar un ajuste fiscal de “contado”, lo están haciendo por “cuotas”.
Lo anterior, se desprende al analizar las implicaciones negativas sobre las condiciones laborales que provocará esta separación –injustificable desde una perspectiva curricular- entre Estudios Sociales y Cívica. Veamos tan sólo cinco aspectos. (5)
1. Recarga y precarización laboral: un nombramiento de 40 lecciones en Cívica, equivaldría a trabajar con 700 alumnos, impartir seis niveles, y en muchos casos trabajar hasta en tres centros educativos por curso lectivo.
2. Disminución salarial: Al asumirse la Educación Cívica como una materia aparte, se crearían las condiciones para que a los profesores titulados en Estudios Sociales se les pagara como no profesionales las lecciones que impartan en Cívica.
3. Aumento del clientelismo político en el MEP: se facultaría al MEP para el nombramiento de propiedades en Cívica a no profesionales, lo que además de violentar el principio de idoneidad, incrementaría el clientelismo político a lo interno del magisterio mediante el nombramiento de personas cercanas a las autoridades educativas o al partido de gobierno.
4. Favorecería el negocio de las universidades privadas: la separación entre ambas materias, conllevaría a que las universidades privadas crearan artificialmente una carrera de Educación Cívica.
5. Mayor fragmentación política entre los docentes de secundaria: se potenciaría la división entre los docentes de Estudios Sociales en cada colegio, al colocarlos en una pelea directa por adquirir la mayor cantidad de lecciones de Estudios Sociales para obtener un mejor salario.
La política de la APSE y el movimiento sindical ante los ataques del Gobierno
Para el momento en que escribimos este artículo, el conjunto del movimiento sindical presenta un letargo con respecto a la ofensiva del gobierno de Laura Chinchilla. Es decir, cuando la tarea debería ser unificar luchas puntuales o gremiales en una solo pelea contra el ajuste fiscal y sus “costados”, por el contrario la respuesta de las dirigencias sindicales tiende a un ensimismamiento nefasto.
Así por ejemplo, la ANEP ha lanzado fallidas movilizaciones para exigir el nombramiento en plaza de trabajadoras y trabajadores interinas del gobierno central –título I- antes de que finalice el año. Los sindicatos bancarios, han sido incapaces de coordinar acciones conjuntas entre ellos y otras organizaciones, para combatir la implementación del salario único que de manera ilegal les están imponiendo. (6)
En cuanto a la APSE, el directorio nacional ha dado muestras de estar mucho más enfocado en las elecciones internas del sindicato el año próximo, antes que impulsar verdaderas movilizaciones por la defensa de las condiciones laborales en el MEP. Un caso concreto fue esta problemática entre la separación de Estudios Sociales y Cívica, donde la postura asumida por el directorio fue inicialmente NO HACER NADA; luego por la presión en varios Congresos Regionales –tenemos noción de las regionales 02, 04 y 11-, convoca a una reunión de profesores de la materia, pero que en un inició planteó como “consultiva” y no vinculante, puesto que no era una instancia formal estatutariamente…
Esta fragmentación del movimiento sindical del país, está conllevando a que las trabajadoras y trabajadores estatales se encuentren desorientados políticamente para defender sus conquistas laborales. Y en particular tenemos que destacar la respuesta nula o inconsistente que está demostrando el directorio de la APSE ante problemáticas del gremio y nacionales, debido a que durante los últimos años han sido sus bases el sector más dinámico dentro del movimiento sindical nacional, por lo cual su responsabilidad política ante el movimiento sindical es mucho mayor.
Por todo lo anterior, consideramos que desde ya la APSE tiene que abocarse a la organización de una huelga docente para inicios del próximo curso lectivo, que incorpore todas las problemáticas del sector educativo, en particular lo concerniente a la precarización laboral en que nos encontramos miles de docentes y demás trabajadores del sector –interinos o con plaza-. Además, el prestigio ganado por la APSE en los últimos años, la coloca como la organización sindical con mayor representatividad política para impulsar la convocatoria a una instancia de coordinación sindical, que puede ser un Encuentro Nacional de Lucha que sirva como espacio para rearticular al conjunto del movimiento sindical –incorporando una política para la clase obrera industrial del sector privado-.
Notas
1. “Déficits gemelos”. Editorial de La Nación. 27 de setiembre del 2010, pág. 48A. La negrita es nuestra.
2. “Recaudación fiscal tiende a la estabilidad y gasto se acelera”. Patricia Letión, La Nación, 29 de marzo del 2010, pág. 24 A.
3. “Análisis de la Ley de Empleo Público y su relación con el déficit fiscal”. Víctor Artavia. Prensa Socialista n° 101, junio del 2010. Se puede accesar en www.pst-cr.blogspot.com.
4. Ídem.
5. “Relación entre la producción tica y la de EE.UU se estrecha”. Patricia Leitón. La Nación, 27 de setiembre de 2010, pág. 29A.
6. La información para elaborar estos cinco puntos, fueron tomados de un documento elaborados por la regional 11 de APSE.
7. Tan drámatico es este gremialismo de las dirigencias sindicales, que ningún sindicato de peso nacional ha emitido un comunicado en repudio a los cientos de despidos en el sector privado por el cierre de fábricas exportadoras–ver nota en esta misma edición de PS-.
